Los seis corredores viales adjudicados mediante el programa de participación pública privada, conocido como PPP nunca se llegaron a ejecutar y resultaron una pesada herencia para Alberto Fernández, que deberá maniobrar para no enfrentar juicios con las empresas concesionarias.

Los 7200 kilómetros de rutas fueron asignados en 2018 a constructores argentinos como Paolo Rocca de Techint, Bennito Roggio y Eduardo Eurnekián, pero también a algunas compañías extranjeras como los chinos de CCA Civil Panama Green y portuguesa Mota-Engil Latin America.

Con la abrupta devaluación no hubo banco dispuesto a aportar financiamiento y el Gobierno ni siquiera tiene los fondos para pagar los títulos de pago por disponibilidad (TPD) emitidos por las inversiones realizadas.

Sorprenden los bajos precios del PPP y hay dudas que sean viables

Así las cosas, Katopodis evalúa tres hipótesis de trabajo para resolver este problema y la primera es derogar la ley que creó los PPP, sancionada en 2016 con el único rechazo del kirchnerismo. El siguiente paso sería compensar las garantías e inversiones y retomar al esquema tradicional de ejecución vial, financiado con fondos del tesoro.

Otra alternativa es reconvertir los contratos excluyendo los planes de financiamiento de los bancos, que hicieron incalculable el costo de las obras incluso para el ex ministro Guillermo Dietrich. En ese caso, Vialidad se enfocaría en un paquete de obras posibles con el goteo de fondos que pueda hacer y los peajes para su mantenimiento.

La otra salida es ira la justicia, con una ejecución de garantías que derivará en amparos de los concesionarios y un posible juicio ante tribunales internacionales. Es la alternativa menos deseada. Pero una de las posibles si las otras no caminan.